Suffolk: Piden aprobar ley que obligue servicios de traducción e interpretación

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Foto: LILAC
Foto: Long Island WINS

Redacción LTH
A finales de la década pasada, como una de las secuelas del asesinato del inmigrante ecuatoriano Marcelo Lucero, el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos hizo una investigación en el Condado de Suffolk y descubrió que el gobierno local tenía graves deficiencias en los servicios a la comunidad que debían corregirse. Entre ellos, el acceso al idioma y la competencia cultural, fueron destacados específicamente como cruciales para mejorar las relaciones con la comunidad.
Luego, en el 2011, el DoJ firmó un acuerdo en 2011 con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk que, entre otras cosas, exigía servicios de interpretación y otros servicios y programas de acceso a idiomas para los residentes con limitado conocimiento del inglés. Y el 2012, el Ejecutivo del Condado Steve Bellone firmó una ley para que las agencias ofrezcan servicios de traducción de documentos vitales en los seis idiomas y acceso a interpretación usando líneas de acceso telefónico.
Seis años después, los miembros de la Long Island Language Advocates Coalition (LILAC) dijeron que, aunque hay signos de progreso y algunas agencias respondieron mejor que otras, en otros casos la implementación deja mucho que desear.

Pruebas muestran lagunas graves
Los defensores del acceso idiomático le dijeron a los legisladores del condado que las pruebas de cumplimiento que han realizado, han mostrado lagunas graves, que violaron no solo los derechos civiles de los residentes con dominio limitado del inglés, sino que también expusieron una serie de acciones negligentes en algunas agencias del condado.
“Elogiamos al condado por los esfuerzos que han realizado, pero hay problemas muy graves en términos de capacitación y supervisión”, dijo Cheryl Keshner, la coordinadora de la Long Island Language Advocates Coalition (LILAC) y asistente legal senior de Empire Justice, de acuerdo a un reportaje de Riverhead Local.
“El statu quo no es aceptable y es necesario que haya cambios”, remarcó a los legisladores.

Les cuelgan o los insultan
Los miembros de las organizaciones que forman LILAC hablaron en una audiencia pública y dijeron que, desde mediados del año pasado e inicios de este año, los evaluadores bilingües realizaron una serie de llamadas y formularon “preguntas básicas” a diferentes agencias del condado, incluyendo todos los recintos policiales, parques y centros de recreación, el Departamento de Trabajo, el Departamento de Servicios Sociales, Libertad Condicional, servicios juveniles y otros.
Desde colgarles el teléfono y negarles servicios, hasta recibir insultos, fueron las respuestas que según Dulce Rojas, la organizadora comunitaria de SEPA Mujer, y otros recibieron de las diferentes agencias, según expresaron ante los legisladores.

Hasta le dijeron “puta”
Rojas dijo que, en un caso particular, una llamada de prueba realizada a la Sétima Comisaría del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, dio como resultado que la mujer fuera llamada “puta” y se le dijo que “volviera a su país”.
Varios legisladores expresaron su consternación por los testimonios y se les preguntó sobre el seguimiento de estas situaciones.
“Esa es una acusación incendiaria y esperaría que se informara sobre este incidente”, dijo el legislador republicano Tom Cilmi.
Keshner dijo que los resultados de las pruebas fueron presentadas al Departamento de Justicia de EE.UU. y al ex comisionado de policía del condado de Suffolk, Timothy Sini.

Una prueba de 88 llamadas, 22 no contestadas
LILAC, que ha hecho estos seguimientos desde el 2012, realizó un total de 88 llamadas telefónicas, entre agosto del 2017 y enero del 2018, en lo que Keshner llamó la “última ola de pruebas”.
De esas 88 llamadas, 52 fueron contestadas por una persona y 14 fueron conectadas a una línea telefónica de interpretación. Las 22 llamadas restantes no recibieron ningún tipo de servicio o la llamada no fue respondida.
Para enmendar las fallas encontradas, la legisladora del condado Mónica Martínez presentó un proyecto de ley para codificar una orden ejecutiva del año 2012, para que las agencias ofrezcan servicios de traducción de documentos vitales en los seis idiomas y acceso a interpretación usando líneas de acceso telefónico.
Además, este proyecto de ley ampliaría los requisitos de acceso lingüístico a las agencias administradas por otros funcionarios electos, como las oficinas del sheriff, el contralor y el tesorero, dijo Keshner.