Juez evita deportación de madre e hija salvadoreñas, indignado con el gobierno de Trump

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Foto: ICE

Redacción LTH
El juez federal Emmet Sullivan, que escribió estar indignado sobre las acciones del gobierno de Trump para que los inmigrantes no tengan derecho a la justicia, ordenó el “regreso expedito” de una madre e hija salvadoreñas que, en la mañana del jueves 9 de agosto, fueron sacadas del Centro de Detención de Dilley, en Texas, para ser llevadas a un aeropuerto y deportarlas. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que la agencia cumplió con la orden del tribunal. El jueves 9 por la noche, la madre y su hija habían aterrizado en El Salvador. Pero no desembarcaron, y el avión regresó inmediatamente a Texas, con ambas de regreso, dijo el oficial del DHS.
El juez también ordenó suspender la deportación de otras personas que huyeran de la violencia doméstica y de las pandillas, y que, junto con la madre y su hija que iban a ser deportadas, figuran en una demanda colectiva contra el gobierno.
Durante una audiencia de casi tres horas, Sullivan estudió la demanda presentada el pasado martes 7 de agosto por la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, por sus siglas en inglés), en el caso “Grace v. Sessions”, para impugnar la decisión del gobierno de junio pasado de restringir aún más el proceso de asilo y negarlo a víctimas de violencia doméstica o de pandillas.
Sullivan ordenó suspender la deportación de los demandantes mientras estudia los méritos del caso, para lo cual ha pedido que las partes del litigio presenten más información en los próximos días.

El gobierno mintió descaradamente
La madre e hija que, virtualmente, fueron bajadas del avión en que iban a ser deportadas, fueron identificadas como “Carmen”, y su hija de iniciales “JACF”. Ellas fueron sacadas del Centro de Detención Dilley en Texas y puestas en un avión con destino a El Salvador. Un día antes, el gobierno había dado su palabra (el miércoles 8) de que ninguno de los demandantes sería deportado antes de que Sullivan emitiera una decisión en el caso.
“Esto es algo muy indignante, que alguien que busca justicia, que ha alegado un miedo creíble y busque justicia, haya sido sacada así sigilosamente mientras sus abogados argumentan justicia para ella, es indignante… espero que el gobierno gire de vuelta ese avión ahora o cuando aterrice las regrese a EEUU”, ordenó Sullivan, visiblemente enfadado.
“Alguien en el gobierno tomó la decisión de deportar a esas demandantes, y no estoy nada contento con esto”, afirmó Sullivan, quien incluso amenazó con acusar al fiscal general, Jeff Sessions, de estar en “desacato” de la corte.

No sabían del paradero de madre e hija
Uno de los abogados del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, no pareció tener información precisa sobre si las mujeres fueron deportadas en un avión fletado por el gobierno, o el paradero de ambas, pero aseguró a Sullivan que el gobierno tomaría medidas “para corregir esto”.
“Si de hecho están en un avión, cuando aterricen, podrán dar vuelta y regresar, y es lo que les he comunicado a las agencias”, incluyendo la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), prometió Reuveni.
Fue durante un receso de la vista que los abogados de ACLU se enteraron de la deportación de “Carmen” y su pequeña hija, quienes están incluidas en la demanda colectiva de ACLU, entablada en nombre de varias mujeres que solicitaron asilo por ser víctimas de violencia doméstica o de las pandillas.
La abogada de ACLU, Jennifer Chang Newell, dijo mediante vía telefónica en la vista que la deportación de ambas mujeres “es obviamente inaceptable” y que, como mínimo, el gobierno tiene que devolverlas a EE.UU.

El gobierno tiene prisa en deportar
Según los documentos presentados en la corte, “Carmen” había sufrido violencia a manos de su esposo y huyó con su hija a EE.UU., donde solicitó asilo.
“En su prisa por deportar al mayor número de inmigrantes posible, la Administración Trump está poniendo a estas mujeres y niños en grave peligro de ser violados, golpeados, o asesinados. Nos entusiasma la suspensión de deportación pero nos da asco que el gobierno deportó a dos de nuestros clientes… no descansaremos hasta que sean devueltas por su seguridad”, dijo Chang Newell.
En la demanda “Grace v. Sessions”, la ACLU, su filial en Texas, y el Centro para Estudios de Género y Refugiados, cuestionaron las nuevas políticas que, por órdenes de Sessions, facilitan la “deportación expedita”, ignorando los precedentes legales establecidos por los tribunales y el derecho internacional.
Sullivan afirmó que su corte sí tiene jurisdicción para ordenar la suspensión de la deportación de los demandantes, mientras estudia por separado los méritos del caso.

El rechazo de asilos se duplica
Mientras tanto, los rechazos de asilo son, al parecer, la orden del día del gobierno de Trump. Entre enero y junio, fueron desestimadas el doble de peticiones de inmigrantes que en el último semestre de 2017. La tendencia ya había empezado antes de que el Departamento de Justicia endureciera a principios de junio las condiciones para poder superar el primer filtro en la petición de asilo.
Como se sabe, en un nuevo frente de su cruzada antiinmigrante, el Gobierno restringió la definición de “miedo creíble” que permite a un indocumentado solicitar protección en EE UU. Dos organizaciones sociales interpusieron el martes una demanda contra ese cambio porque consideran que vulnera la Constitución y las leyes internacionales.
Si un indocumentado llega a EE.UU. alegando que ha huido de su país de origen por motivos de seguridad, las autoridades deben entrevistarle para determinar si esa persona tiene un “miedo creíble de persecución”. Si se considera que así es, el inmigrante deja de estar sujeto a una deportación inmediata y se inicia un largo proceso judicial que determinará si se le concede asilo.

Las excusas del gobierno
Trump y los partidarios de la mano dura esgrimen que el sistema es demasiado generoso y que muchos de esos inmigrantes no llegan a presentarse a la vista judicial sobre asilo para quedarse viviendo como indocumentados en EE.UU. Con esa doctrina en mente, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció en junio que, en general, los casos de violencia doméstica o de pandillas ya no serían motivo para recibir amparo en EE.UU. Los tribunales de inmigración dependen del Departamento de Justicia, por lo que Sessions sentó un precedente. Ahora, los solicitantes deben demostrar si el Gobierno de su país puede prevenir o no la violencia que dicen sufrir.
En el primer semestre de 2018, los tribunales determinaron que solo un 14.7% de las peticiones superaban el umbral de “miedo creíble”, según cifras oficiales obtenidas por investigadores de la Universidad de Syracuse. La tasa cayó a la mitad respecto a los últimos seis meses de 2017. Históricamente, un 80% de las peticiones superaba ese primer filtro pero en los últimos años solo un 20% de los solicitantes ha acabado recibiendo asilo, según estadísticas citadas por The New York Times.

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